Parte IV: La Estancia Jesuítica de San Ignacio de la Cocha: desestructuración de su unidad productiva luego de la expulsión.

IV) La Expulsión de la Compañía de Jesús

            La expulsión de la Compañía de Jesús tuvo como causales una serie de circunstancias, que provocaron que el Rey y su entorno decidieran tomar la drástica medida, que ya había sido tomada en otras monarquías europeas. Entre las principales causas de la expulsión, se pueden mencionar las siguientes:

1.     Empuje renovado y agresividad del regalismo borbónico con una fuerte influencia del galicanismo y las obras antipapales (Febronius)
2.      La Compañía de Jesús no fue aceptada por los regalistas, ya que constituía una milicia papal que ponía los intereses de la Iglesia por encima de los del Rey (opinión simplificada por los enemigos de la orden).
3.           Pérdida de la influencia de los Jesuitas en la corte del Rey (a partir de 1755).
4.         Ascenso al trono de  Carlos III y presencia en puestos de gran importancia en el gobierno de Campomanes y Aranda (enemigos de la Compañía de Jesús). Ascenso al trono de San Pedro de Clemente XIII (1758) y nombramiento de Lorenzo Ricci, como general de la Orden.
5.           Expulsión de la Compañía de Jesús en Portugal (1759) y Francia (1764).
6.        La acusación hecha a los jesuitas como los instigadores del Motín de Esquilache (23 de marzo de 1766).
7.        La rebelión de los 7 pueblos guaraníes luego del tratado de Permuta (1750).

El expulsión de la Compañía de Jesús representó una manifestación vigorosa del poder y la autoridad del Rey frente a la Iglesia. Fue un mensaje de advertencia dirigida al clero regular de no oponerse al Monarca, mientras al mismo tiempo armonizaba con los esfuerzos de la Corona por enaltecer la posición del Episcopado Nacional bien sumiso y disciplinado.

      Esta sumisión del clero secular al Rey se manifiesta en la carta del Obispo de Tucumán con sede en la ciudad de Córdoba, a los Cabildos de la gobernación, en la cual expresa los beneficios obtenidos por la expulsión de los jesuitas.

      La Expulsión de la Compañía de Jesús fue aprobada por una Junta especial, el 20 de febrero de 1767, y el Rey mismo el 27 encargó al conde de Aranda, presidente del consejo, la responsabilidad de ejecutar la medida que iba a llevarse a cabo secretamente, el 31 de marzo. La pragmática sanción del Rey Carlos III data del 2 de abril de 1767, fue el instrumento legal por el cual se ordenaba la expulsión de todos los jesuitas de los reinos de España y Indias.

A las tres de la mañana del 12 de julio de 1767, el colegio máximo de Córdoba, centro de la Compañía de Jesús en el Río de la Plata, fue tomado por soldados enviados por el gobernador de Bueno Aires, Francisco Bucareli.

      Este gobernador nombró juez ejecutor de la reales ordenes, en Santiago del Estero al Capitán D. Juan Martínez, el cual cumpliría ordenes del Gobernador y Capitán General Tte. Coronel de los Reales Ejércitos D. Juan Manuel Fernández Campero. El Juez ejecutor Juan Martínez, en comunicación con el Teniente de Gobernador, General D. Manuel Castaños y el Maestre de Campo de la plaza de Santiago del Estero. D. Diego Lezana, que tenían el gobierno de las armas, llevarían a cabo la orden del secuestro de los Padres Jesuitas el 9 de agosto de 1767.

      El 9 de agosto, el Capitán Juan Martínez, se presentó en el colegio de los Jesuitas de Santiago, cuyo rector era Juan Nicolás Aráoz, se hace cargo de las llaves, secuestra a los padres y los pone en custodia del Franciscano Frey Luis de Santa Rosa. Posteriormente serán enviados a Buenos Aires. Los bienes del colegio, estancia de Maco, campos del Palomar, casa de ejercicios fueron inventariados el 16 de agosto de 1767.

     La estancia de San Ignacio, distante 40 leguas de Santiago del Estero, fue intervenida por una partida de 25 hombres que salieron de Santiago del Estero el 9 de agosto de 1767, a cargo de Juan Martínez como juez ejecutor. Los padres fueron secuestrados al día siguiente, e inmediatamente se los transportó a Santiago del Estero y de allí a Buenos Aires con escala en Córdoba.

      El  Procurador de San Ignacio, Padre Miguel, juntamente con el administrador Pedro López de Urmendía, realizaron en inventario en el cual se detalló las características edilicias del casco, con la iglesia aposentos cocina, talleres, huerta, corral, perchel, herramientas, máquinas, muebles, papeles, libros, esclavos, adornos, imágenes sacras, parcelas, estanzuelas y potreros que formaban parte de la gran estancia.

La estancia quedó en manos de su administrador Pedro López de Urmendía y de acuerdo al “libro de gastos y apuntes de la estancia de San Ignacio” (mayo 1982). El establecimiento funcionó de la misma forma , que en época de los la padres jesuitas, entre 1767 y 1768.